La Generalitat destina 13,71 millones de euros a la fase III de mejora de las infraestructuras hidráulicas de la Vega Baja

La nueva fase permitirá completar las actuaciones del plan de mejora de la red de regadío tradicional para reforzar la seguridad frente a inundaciones en la comarca

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca prevé una inversión de 13,71 millones de euros para la tercera fase de mejora y consolidación de la red de infraestructuras hidráulicas de riego de la Vega Baja, según ha informado el conseller Miguel Barrachina.

Esta fase permitirá completar las actuaciones del plan para mejorar la capacidad de evacuación del agua y reforzar la seguridad frente a inundaciones en la comarca.

Barrachina se ha reunido con la junta directiva del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco para abordar estas actuaciones y evaluar las repercusiones económicas que sufre el sector agrario de la provincia de Alicante debido a la falta de disponibilidad de los caudales del trasvase Tajo-Segura.

En dicho encuentro el conseller ha explicado que la tercera fase contempla intervenciones en once acequias y azarbes. El objetivo es recuperar la capacidad hidráulica de las conducciones y facilitar la evacuación de caudales durante los episodios de lluvias intensas, contribuyendo a proteger los cultivos, las infraestructuras y los núcleos de población próximos.

El proyecto dispone de informe favorable de supervisión y se encuentra en tramitación su encargo a Tragsa, con previsión de formalizarlo a finales de 2026. Las actuaciones alcanzan a infraestructuras del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura, la Comunidad de Regantes de Catral y el Juzgado Privativo de Aguas de Alfetami, en Almoradí.

Durante el encuentro, el conseller ha advertido también de que la falta de los caudales del trasvase sitúa a la agricultura alicantina ante unas pérdidas potenciales de más de 80 millones de euros.

“Cada hectómetro cúbico de agua destinado al riego en la provincia genera alrededor de 4 millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos directos. La imposibilidad de recibir los volúmenes ya autorizados por la Comisión Central de Explotación —que mantiene decenas de hectómetros pendientes de envío— sitúa al campo en un escenario de pérdidas potenciales que comprometen cerca de 1.750 puestos de trabajo y unos 380.000 jornales”.

El conseller ha lamentado la vulnerabilidad a la que se expone a los productores alicantinos. “La falta de celeridad y la ausencia de una planificación coordinada en el mantenimiento de una infraestructura vital para la comarca castigan directamente la rentabilidad de las explotaciones tradicionales y familiares. No es admisible que el agua de nuestros regantes permanezca bloqueada por una falta de mantenimiento estructural mientras los plazos de reparación de los canales estatales se dilatan hasta bien entrado el próximo año”, ha manifestado Barrachina.

La acequia de Alquibla
Posteriormente, el conseller ha visitado la nueva estructura de paso de la acequia de Alquibla, una actuación que cuenta con una inversión de 958.348 euros. Los trabajos consisten en la cimentación de la estructura mediante pilotes prefabricados empotrados, la instalación de un armazón metálico calculado para soportar los esfuerzos hidrostáticos y la disposición de un canal de hormigón armado en las zonas de transición. Esta solución de ingeniería se ha diseñado específicamente para acortar los plazos de ejecución y reducir el tiempo de corte del servicio de riego a los usuarios.

Esta infraestructura forma parte del proyecto global de acondicionamiento y mejora de las conducciones de regadío tradicionales en los municipios de San Fulgencio, Crevillent, Catral y Orihuela, dotado con un presupuesto total de 4,7 millones de euros a través del encargo autorizado en diciembre de 2023.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, reconocido como tribunal consuetudinario y tradicional y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, ampara a cerca de 12.000 regantes y gestiona una superficie de 6.790,93 hectáreas de cultivo en los municipios de Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován, entre otros, donde seis de cada diez litros utilizados para el riego dependen directamente de las aportaciones del trasvase.

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