La Policía peruana reconoce su resonsabilidad en el asesinato de un manifestante en las protestas contra el Gobierno
Jóvenes de la Generación Z salieron a las calles para protestar contra la corrupción y la criminalidad
La Policía Nacional peruana ha reconocido su responsabilidad por el asesinato de un manifestante en la Marcha Nacional de este miércoles. Esta muerte ha provocado una gran conmoción en el país, más aún, tras conocerse que el disparo fue ejecutado por un suboficial de policía.
El autor, identificado como Luis Magallanes y destituido de sus funciones, está actualmente ingresado y detenido en un hospital limeño por los golpes sufridos durante las manifestaciones. Los hechos ocurrieron el miércoles en Lima, en torno a las 23:00 de la noche, en medio de una jornada de protestas que terminó con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Son las marchas más multitudinarias de los últimos años, con movilizaciones en las principales ciudades del país. Jóvenes de la Generación Z salieron a las calles para protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el aumento de la criminalidad. Los altercados han dejado más de 100 heridos, entre ellos 84 policías y 29 manifestantes, así como 10 detenidos, y han agudizado todavía más la crisis política que vive el país.
La crisis política se intensifica
El presidente interino, José Jerí, ha lamentado la muerte de Eduardo Ruiz, de 32 años, en una publicación en X, afirmando que se investigaría «objetivamente». Ha culpado de la violencia a «delincuentes que se infiltraron en una manifestación pacífica para sembrar el caos». En declaraciones posteriores, el recién nombrado ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha anunciado que el Gobierno impulsaría una reforma integral de la Policía Nacional, sin que hayan trascendido más detalles.
Sin embargo, tras este asesinato y, con apenas una semana en el cargo, el nuevo mandatario ha recibido una propuesta de moción de censura que no ha prosperado. Los aliados conservadores del Gobierno han bloqueado la medida presentada por la bancada progresista. Aun así, el mandato de Jerí está entre las cuerdas. Se ha enfrentado a varios escándalos, incluyendo acusaciones de corrupción y una investigación por agresión sexual, ahora archivada, y su popularidad está en mínimos.
Su llegada al poder también ha vuelto a poner en debate el papel de los principales partidos con representación en el Congreso, que mantuvieron a la expresidenta Dina Boluarte en el Ejecutivo pese a las acusaciones de la Fiscalía por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, así como por otros casos de corrupción.
Esto se suma a la destitución de Boluarte como presidenta hace siete días por «incapacidad moral» a escasos seis meses de las elecciones generales.
Fuente: Agencias