El Congreso convalida el plan de ayudas contra los aranceles con la abstención de Podemos y el ‘no’ de PP y Vox
El paquete de medidas recoge los primeros 7.720 millones del total de 14.100 que el Gobierno prometió movilizar
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley para paliar las consecuencias de los aranceles anunciados por la Administración de Estados Unidos, con la abstención de Podemos y el ‘no’ de PP y Vox, que creen que es «insuficiente» y «un parche» que no soluciona los problemas que causarán estos gravámenes en empresas y trabajadores.
Ha sido un debate menos bronco de lo habitual, en el que todos los grupos han destacado el carácter dialogante del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha vuelto a tener su mano para llegar a un acuerdo en los próximos meses: «Estoy muy contento. Era una votación importante y estoy contento por las empresas y los trabajadores. Lamentar que no haya sido con unanimidad», ha recalcado.
El paquete de medidas recoge los primeros 7.720 millones del total de 14.100 millones de euros que el Gobierno prometió movilizar con el objetivo de «dar certidumbre» a los trabajadores y a las empresas afectadas e impulsar su reconversión e internacionalización.
El PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, UPN y Coalición Canaria han votado a favor, sumando un total de 176 ‘síes’ que superan a los 169 ‘noes’ de PP y Vox. Los cuatro diputados de Podemos, por su parte, se han abstenido.
«Es muy difícil de explicar por qué se vota en contra de estas medidas que benefician a las empresas», ha lamentado Cuerpo, destacando que se trata de un plan «ambicioso», «articulado para estar disponible de manera inmediata» y que supone «una hoja de ruta de medio plazo para salir reforzados de esta compleja situación» que suponen los aranceles.
El PP carga contra el Gobierno: «No han explicado el plan»
En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado una ronda de contactos con los diferentes partidos —con la excepción de Vox, como viene siendo habitual—, para presentar las medidas que llevaría a cabo para ayudar a los sectores afectados por estos aranceles.
Con el PP las reuniones fueron más intensas, con el fin de recabar el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo, que en un primer momento abrieron la puerta a apoyar el decreto. Sin embargo, un acuerdo entre el Gobierno y Junts para que las ayudas a las empresas se concedan en función de su nivel de exportaciones, alejó las posiciones para llegar a un pacto.
Fue la propia formación independentista quien anunció el pacto, recalcando que Cataluña saldría beneficiada al percibir el 25% del total, algo más de 3.000 millones de euros. Algo que fue desmentido por el Gobierno de inmediato, recalcando que el plan «no beneficiará a un partido o a un territorio» concreto.
A su vez, el PP ha reprochado al Gobierno que «no han explicado el plan» y han criticado que las medidas consisten en «deuda, préstamo y avales». También han reclamado al Ejecutivo que el mismo incluya la protección de las centrales nucleares y la creación de un fondo nacional con lo recaudado por los aranceles para ayudar a las empresas. «Usted podía elegir entre negociar o el muro, y eligió el muro. No sé si fue por voluntad propia o imposición, pero este decreto es insuficiente», ha denunciado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
Preguntado por los periodistas, el ministro Cuerpo ha señalado que la negociación la han afrontado «con la mano tendida en todo momento» hasta que decidieron levantarse de la mesa. «Estamos negociando y espero que reflexionen sobre el mensaje que mandan a las empresas con el ‘no'», ha dicho.
Vox, por su parte, ha rechazado el texto porque «no corrige el problema de fondo» para el campo, que a su juicio son las políticas climáticas y las «imposiciones fitosanitarias de Bruselas», según su diputado Jacobo González-Robatto: «Decimos ‘no’. España necesita reformas, no parches. Y, sobre todo, coraje y sentido común».
Acuerdo con ERC para el mantenimiento del empleo
Estas negociaciones del Gobierno con los grupos han propiciado, además del acuerdo con Junts, que se garantice la condicionalidad de las posibles futuras ayudas públicas directas a la protección del empleo. El pacto ha sido cerrado con ERC, pero era otra de las reivindicaciones del resto de grupos de la izquierda como Bildu o Podemos. No obstante, para la formación republicana se trata de una herramienta «incompleta» y con «medidas mínimas», según su diputada Inés Granollers.
Desde el PNV se han mostrado satisfechos con la negociación, destacando el plan ayuda a «amortiguar el golpe» de los aranceles sobre empresas y empleo, y atiende a su reivindicación de que se preste auxilio también a las compañías afectadas de manera indirecta. «No hay bandera para tapar las vergüenzas de tanto patriota que decide seguir los designios del plutócrata Trump antes que defender a su propio pueblo», ha criticado Oskar Matute (Bildu), en una clara referencia a la derecha.
También han votado a favor Coalición Canaria, por su atención a la «singularidad» de Canarias; BNG, por la necesidad de apoyar a los sectores afectados pese a sus diferencias con el Gobierno; y UPN, cuyo diputado no ha intervenido en el debate para exponer su posición.
El decreto incluye otra disposición pactada con Junts para precisar que los criterios de ejecución de las ayudas no pueden estar condicionadas a criterios de «oportunidad política o arbitrariedad del órgano concedente». «Estamos aquí para defender el país y poner el voto a sus servicios y eso son resultados tangibles y no solo titulares«, ha dicho el diputado Josep María Cruset.
Asimismo, el Ejecutivo se ha comprometido a remitir trimestralmente al Congreso un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros regulados en el decreto.
Podemos se resiste a dar un voto a favor
El foco este jueves también ha estado en Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, anunció esta semana que se abstendrían y solo fiaba un voto favorable a la medida en caso de que se aprobase por la vía legislativa la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión norteamericanos.
Así lo ha trasladó en una serie de comentarios en la red social X, denunciado que se invertirán 10.500 millones solo este año para gasto militar cuando esa cantidad, bajo su punto de vista, debería ir a la seguridad energética, la sanidad o la vivienda. Para la líder ‘morada’, el decreto frente a los aranceles del Ejecutivo «no sirve para nada» y «no será útil» para proteger al tejido productivo ni a los trabajadores.
Fuente: Agencias