El PP instará en el Senado a que el Gobierno cumpla su «obligación constitucional» de presentar los Presupuestos
Registra una moción que se debatirá el próximo martes en la que exige al Ejecutivo que presente las cuentas
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al pleno del próximo martes su exigencia para que el Gobierno presente una propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y «cumpla con su obligación constitucional».
Así lo señala el PP en la moción registrada esta semana para que sea debatida en el pleno de la Cámara Alta y la que insta al Ejecutivo a presentar unas cuentas nuevas y «así garantizar la estabilidad y transparencia económica, permitiendo que las Cortes Generales ejerzan su función de examen, enmienda y aprobación de las cuentas públicas en los plazos establecidos».
En el texto registrado, el PP —que cuenta con mayoría absoluta en el Senado— subraya que no se trata «de una mera recomendación o sugerencia», sino de una obligación constitucional, así como «un deber inexcusable del Gobierno, no solo ante las Cortes Generales, sino ante toda España».
«Ley principal de un Gobierno»
Los presupuestos, recuerdan los populares, son «la ley principal de un Gobierno» y la herramienta «mediante la cual un Ejecutivo expresa su hoja de ruta y su compromiso con la rendición de cuentas».
Por ello, acusan al Gobierno de incumplir la Constitución por no presentarlos, una situación que «resalta la falta de proyecto político» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y supone «un grave menoscabo de la función parlamentaria de control y del derecho de los ciudadanos a conocer y valorar el rumbo económico del país».
En una nota de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado que «el Gobierno está en rebeldía constitucional» y que la decisión de no presentar presupuestos es un «capricho» de Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
García ha subrayado que una situación como la actual genera «inestabilidad», impide una gestión «eficaz» de los recursos públicos y afecta especialmente a las comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales.
Fuente: Agencias