Pradas declara entre lágrimas que no sabía de emergencias y niega que esperara a Mazón para enviar la alerta de la dana
La exconsellera y su ex 'número dos' descargan su responsabilidad en los técnicos y en la Confederación del Júcar
La exconsellera valenciana Salomé Pradas ha negado este viernes ante la juez que ella estuviera al mando del operativo de respuesta el día de la dana. La que fuera titular de Justicia e Interior durante la tragedia del pasado 29 de octubre, que dejó 227 muertos y un desaparecido, ha asegurado que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias, según fuentes presentes en la declaración.
Pradas, que ha llegado a los juzgados de Valencia entre abucheos y gritos de «asesinos» y «Mazón dimisión», es junto a su ex ‘número dos’, el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, la única imputada en la causa que investiga las responsabilidades penales de la dana.
También ha asegurado que el mensaje de alerta a la población (ES-Alert) enviado a las 20:11 horas aquel día no se retrasó por esperar a la llegada del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), sino por los técnicos. Para la emisión del referido mensaje siguió las indicaciones de los técnicos presentes, ha aclarado.
La comparecencia, que ha tenido lugar a puerta cerrada, ha durado unas tres horas y se ha tenido que suspender en varios momentos por su estado emocional. Tras ella, la Fiscalía ha solicitado su imputación.
«Soy licenciada en Derecho, no había ejercido cargo de emergencias»
La exconsellera se ha descargado de responsabilidad. Solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha asegurado que en materia de emergencias «solo tenía un cargo institucional». «Soy licenciada en Derecho y profesora de Derecho Mercantil, no había ejercido cargo institucional político hasta ese momento relacionado con emergencias», ha señalado.
Respecto a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), en la que Pradas era la «máxima autoridad» según la juez de Catarroja que instruye la causa, ha apuntado, entre lágrimas, que «en esa había más de cien años de experiencia en materia de emergencias». Ha citado, entre otros, a Argüeso, al director general de emergencias y al entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, o al representante de la Aemet. «Todos expertos menos la delegada del Gobierno y yo, las representantes institucionales».
Apunta al entonces responsable de Bomberos
Pradas ha resaltado, más allá del Cecopi, la importancia del puesto de mando avanzado, desde donde se dirige el operativo técnico sobre el terreno. El responsable de este puesto de mando era Basset, ha afirmado, y era él quien debía dar «instrucciones técnicas a todos los componentes» y «recomendar las medidas de protección más idóneas para la protección de la población».
También ha querido matizar que existiera un «mando único» y que ella estuviera al frente, como se desprende del auto de la juez del 10 de marzo. En su lugar hay un «comité de dirección con un representante de cada Administración». La dirección de este es «colegiada y coordinada», según las leyes estatales, ha expresado.
Señalan a la Confederación del Júcar por falta de información
Por su parte, Argüeso ha responsabilizado al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez (que sigue en el cargo), de indicar que «no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas». Asimismo, según ha podido saber EFE, ha afirmado que Pradas ordenó a Suárez declarar el nivel 2 de Emergencia a las 15:00 horas y convocar el Cecopi, un hecho que no se produjo hasta alrededor de las cinco de la tarde.
Tanto él como Pradas han declarado «en la misma dirección», buscando «exculparse y repartir responsabilidades», según ha asegurado a la salida de los juzgados Emilio García Ontiveros, de la acusación particular de Ciudadanos. Ha lamentado que el que era ‘número dos’ de la exconsellera haya dicho que al Cecopi no llegaban filtradas las llamadas del 112 cuando él era el máximo responsable de este servicio.
Sobre Mazón, este ex alto cargo ha asegurado «que no tiene ninguna responsabilidad en el Cecopi» y que «su actuación no interfirió», según este letrado.
Otro de los abogados de una acusación particular, en este caso Gonzalo León, de la Asociación Dana Horta Sud, ha explicado que los dos imputados han coincidido en afirmar que «no estaban informados» y que «hicieron lo posible en sus competencias», principalmente porque la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno central, no les informó de la situación del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayoría de víctimas.
«Se han centrado en decir que no tenían la información suficiente y que la alerta se mandó en previsión del riesgo de colapso de la presa de Forata. En relación al barranco del Poyo han insistido en que no tenían información suficiente», ha señalado a preguntas de los medios. El correo enviado por la CHJ «no llegó» al Cecopi, según Pradas y Argüeso.
Cordón policial a su llegada
A su llegada, la Policía Nacional y varios agentes de Guardia Civil han establecido un cordón entre ella y el medio centenar de manifestantes de varias asociaciones de víctimas, que se han concentrado en la zona desde primera hora de la mañana. Ante Pradas y también a la llegada de Argüeso, los manifestantes han hecho sonar además alarmas similares a las que sonaron a las 20:11 horas el pasado 29 de octubre.
La mayor complicación, sin embargo, ha sido la derivada de la gran cantidad de cámaras de televisión y fotógrafos que han seguido a Argüeso en los últimos metros antes de la puerta, un hecho que ha requerido la intervención de policías y guardias civiles para facilitar su acceso.
Los dos únicos imputados en la causa
Pradas y Argüeso son por el momento los únicos imputados en esta causa que instruye la juez de Catarroja, que hasta ahora ha tomado declaración como testigos a familiares de los fallecidos y a expertos.
Pradas desempeñó las funciones de consellera de Justicia e Interior desde julio de 2024, tras la salida de Vox del Gobierno valenciano, hasta el 22 de noviembre, cuando fue destituida por el president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Fue ella quien convocó el día de la dana, a las 17.00 horas, el órgano encargado de coordinar la emergencia, el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), y tenía atribuida «la máxima autoridad» en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población, según ha indicado la jueza.
Argüeso fue el secretario autonómico de Emergencias o ‘número dos’ de la Conselleria de Justicia e Interior desde julio de 2024 y hasta el 3 de diciembre, cuando fue destituido, y la jueza le ha imputado dada su «relevancia orgánica y por ende decisoria».
La Generalitat demostró una «inactividad patente» y envió tarde la alerta
En el auto de imputación, la instructora señaló que la competencia de protección civil es exclusiva de la Generalitat, la cual demostró una «inactividad patente»; que el Cecopi debió convocarse la mañana del 29 de octubre y no con tanta «demora»; o que el mensaje de alerta enviado a los móviles a las 20:11 horas fue «tardío y erróneo».
La exconsellera recurrió alegando que existía un «comité dual de dirección» con la delegada del Gobierno en relación con las medidas de protección de la población; que el Estado también tenía competencias para alertar; que «no hay que centrarse» en el retraso del Es-Alert, y que se quiere hacer de ella una «cabeza de turco».
Por su parte, Argüeso señaló en su recurso que ser «supuesto número dos» de la Conselleria «no es un delito», que era «un miembro más» del Cecopi, y que no tenía «competencia orgánica o funcional alguna para decidir» si se enviaba o no el mensaje de alerta, ni el contenido, ni la hora de envío.
Argüeso avisó de que los barrancos estaban «a punto de colapsar»
La declaración llega un día después de que se conociera un informe pericial aportado por Argüeso, según el cual avisó en a las 14:44 horas en un mensaje de WhatsApp a la vicepresidenta primera del Consell y consellera Susana Camarero de que los barrancos estaban «a punto de colapsar».
«Está lloviendo con gran intensidad y con mucho aparato eléctrico. Los barrancos están a punto de colapsar», escribe a Camarero, quien le responde a este último mensaje a las 15:11 horas: «Jope. Si necesitas algo nos dices».
Tras estas declaraciones clave, que se producirán cinco meses después de las inundaciones y transcurridos cuatro meses desde el inicio de la instrucción, el lunes 14 de abril están citados como testigos la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
Fuente: Agencias